En junio de 2023 fue creada La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, organismo transversal, con el propósito asesorar al Presidente de la República para construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial que ha afectado a las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Confiemos en que los comisionados pongan todo su empeño en llegar a puerto con tan importante tarea, lo que representará el triunfo del diálogo, entendimiento y tolerancia con la finalidad de resolver un conflicto que ha durado demasiado y tan caro y doloroso a resultado para la gente que merece un destino mejor. 

Los objetivos principales de la Comisión son impulsar un proceso de diálogo y acuerdos con los distintos sectores involucrados sobre la base de un diagnóstico consolidado, para así arribar a consensos que legitimen social y políticamente propuestas viables de reparación, que aborden el conflicto de tierras y permitan establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche.

En la denominada Macrozana Sur tenemos puestas nuestras esperanzas en que la Comisión logre, con su informe final, diseñar un camino que lleve legítimamente hacia una paz e inicie una nueva etapa virtuosa para el sur de Chile. 

Esta comisión ha contado, desde sus inicios, con un respaldo amplio entre los partidos políticos, la sociedad civil, dirigentes mapuches, empresas forestales, agricultores y autoridades locales, razón por la cual pesa sobre sus miembros la responsabilidad de llegar a un acuerdo que permita al Estado de Chile ofrecer una respuesta suficientemente capaz para empezar a resolver de una vez una discordia que por décadas ha sumido a la zona al retraso, injusticia y dolor.

Si bien es cierto, el tiempo apremia ante la heterogenialidad de los integrantes y diversidad de intereses que representan, evidentemente que lograr acuerdos unánimes, como es la regla que se han dado, es una tarea de envergadura que requiere tiempo. La premura puede ser fuente de un nuevo fracaso, hecho que pusiera en entredicho la capacidad de diálogo de nuestros políticos y, lo que es más grave, la confianza de la ciudadanía en nuestra democracia.